Cubrimos todas las instancias del procedimiento administrativo: desde la primera fiscalización hasta la impugnación judicial del acto final.
Cuando una entidad reguladora inicia un procedimiento sancionador contra su empresa, cada decisión cuenta. Analizamos el expediente administrativo desde el primer momento, identificamos vicios formales y sustanciales, y construimos una estrategia de defensa orientada a eliminar o reducir al mínimo la sanción.
Las diligencias de supervisión son el primer contacto entre su empresa y la autoridad reguladora. Contar con asesoría legal desde este momento puede determinar el curso de todo el procedimiento. Acompañamos a su equipo durante la inspección, revisamos los requerimientos de información y asesoramos sobre los documentos que debe y no debe entregar.
Si ya recibió una resolución sancionadora o una decisión desfavorable, aún tiene derecho a impugnarla. Elaboramos y presentamos los recursos de reconsideración, apelación y revisión con argumentos sólidos y sustentados, maximizando sus posibilidades de éxito en la segunda instancia administrativa.
Cuando se han agotado las instancias administrativas, la vía judicial es el último recurso para proteger los derechos de su empresa. Patrocinamos procesos contencioso-administrativos ante el Poder Judicial, impugnando actos arbitrarios, ilegales o desproporcionados emitidos por entidades públicas.
La normativa regulatoria cambia constantemente. Mantener a su empresa actualizada y en cumplimiento es la mejor forma de evitar sanciones. Brindamos asesoría permanente sobre la regulación aplicable a su sector, interpretamos las normas en función de su operación específica y le alertamos sobre cambios que puedan afectar su negocio.
Un requerimiento de información de una entidad reguladora exige una respuesta precisa, completa y oportuna. Responder mal o tarde puede iniciar un procedimiento sancionador. Lo apoyamos en la elaboración de respuestas formales que cumplan los requisitos legales y protejan la posición de su empresa.